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Mis inquietudes

Ante las amenazas que he recibido de cierto sector fascista quiero dejar lo más clara posible mi postura sobre los hechos que últimamente acontecen en España y parte del mundo.

Sobre los sindicatos, huelgas y manifestaciones: no apoyo a ningún sindicato actualmente, salvo aquel que considero que sí me representa como profesional sanitario, Satse, que incluso en tiempos de bonanza ha luchado por el prosperar de mi profesión. Al resto los considero meros actores trasnochados venidos a menos. Se aprovechan de la coyuntura economico-laboral actual para beneficio propio, cuando ya no les mantienen los bolsillos llenos o en oscura connivencia con el poder establecido. A pesar de todo esto, bien articulados son una herramienta útil e indispensable del trabajador, a través de los cuales históricamente se han conseguido grandes triunfos y derechos de los que actualmente disfrutamos todas las clases trabajadoras, y en los que se podrían conseguir muchos más beneficios e impedir abusos si, como ya he dicho, su quehacer se articulara conforme a un funcionamiento menos corrupto.

Los acontecimientos clave que vivimos a día de hoy, entre huelgas y manifestaciones, nos dejan un panorama días después vergonzoso por parte de sectores aislados y de la prensa amarillista que deberían centrar el titular y la opinión de la mayoría, no de grupos aislados. Considero imprescindible, en el contexto actual, que todo aquel que pueda asista a actos de este tipo, siempre que coincida con las reivindicaciones. Pues aunque no se coincida en uno o dos puntos, creo que hay sobradamente motivos para asistir, los hay más para ir que para no ir. Cualquier acontecimiento de este tipo debería aprovecharse para mostrar el descontento aunque no se esté de acuerdo en algunos aspectos, el fondo de la protesta viene siendo el mismo.

Sobre la violencia: no la comparto, de ningún tipo. Los insultos y actos violentos en general son claramente punibles y no me extenderé más en este punto. Hay medios por los cuales se articulan dos tipos de violencia que hasta ahora eran obviados: la policial y la estructural del Estado.

La violencia estructural que comete el Estado es más grave que cualquier otro tipo de violencia que podamos ver actualmente, lo aclaro a continuación:

No se puede entender el problema de la violencia política sin conceptuar a la política como la organización y aplicación sistemática de determinadas relaciones de poder, como la articulación de un conjunto de medios para la consecución y la preservación de éste. La política organiza el poder, le otorga forma estatal y viabiliza un proyecto socio-económico de clase. En este marco, la violencia es parte activa de la estructura social, no es sólo un instrumento o medio de lucha, sino sobre todo un modo de conflicto.

El surgimiento de la violencia política está estrechamente vinculado al desarrollo de la propiedad privada, y es sólo en el transcurso de la consolidación histórica de ésta, que la violencia se transforma en manifestación específica de poder social.

El principal organizador y concentrador de la violencia estructural es el Estado, de manera que cualquier intento por legitimar y justificar la violencia ejercida por la clase en el poder, pasa por legitimar el Estado. El objetivo básico que se persigue es despolitizar, desideologizar y neutralizar el Estado, presentarlo como el sintetizador del “bien común” y garante de la “ley y el orden”.

Históricamente a través de diversos medios de socialización -la estructura educacional, los medios de comunicación, entre otros-, la clase dominante ha ido configurando un sistema de valores, normas, conceptos y categorías tendientes a justificar su dominio: su preponderancia monopólica, sus instancias de organización y la vida de los individuos. Medios entre los cuales la autentificación del uso de la violencia en sus diferentes formas por parte del Estado, su institucionalidad, sus fuerzas armadas y policiales, han sido una constante. Esta manipulación ideológica se ha sostenido en tres ejes esenciales:

a) Ocultar la violencia estructural propiamente tal.

b) Legitimar la represión institucional.

c) Deslegitimar toda violencia social contra el sistema.

La violencia es inherente a una estructura social injusta, a un orden social basado en la explotación del trabajo por el capital, en la exclusión y marginación económica, social y cultural de vastos sectores de la sociedad. De hecho la violencia no se reduce únicamente a su manifestación más ostensible, a su forma represiva. Esta última es sólo una vía que permite mantener maniobrando y desarrollándose a la violencia estructural en su conjunto, al capitalismo.

La violencia no se puede separar de la política y no es sólo un instrumento auxiliar al cual se recurre en momentos de crisis. 1

A través de todo esto se articula la violencia policial. Podemos ver como tristemente se ha legitimado este tipo de violencia a través de un término conocido como monopolio de la violencia, como excusa para proteger al grueso de la población. Se prefiere invertir en este monopolio antes que en investigaciones científicas que resuelvan el problema del individualismo y el sistema monetario, causantes de la totalidad de los hechos criminales, trascendiendo así a éstos y llegando al colectivismo y otros sistemas similares propuestos por Jaques F.

A nivel individual se puede comprobar a diario como cada miembro que compone a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha olvidado que está al servicio del ciudadano, situándose y creyéndose por encima de éste. Muchos de ellos abogan por el patriotismo, con todo lo que ello conlleva, cuando deberíamos trascender también a él y abogar por el cosmopolismo y la eliminación de fronteras artificiales.

Sobre la lucha de clases y la política: la decadencia de la clase política actual es un hecho. Pero también hay alternativas maduras presentándose a liderar un cambio. Considero obligación de todo ciudadano que ejerce su derecho al voto democrático el estudiarse el programa de las alternativas políticas que hay sobre la mesa antes de ejercer este derecho a la ligera, obviando a aquellos más populistas o que históricamente han demostrado su incapacidad política. El compromiso es de todos.

Un compromiso ciudadano global como el que he escrito a lo largo de estos párrafos implica sacrificios que no todos están dispuestos a cumplir por pereza o incapacidad. Y creo que este es el gran problema, que no se hace un esfuerzo colectivo por mejorar, estudiar y trabajar intelectualmente en busca de una mejora trascendental.

D. Juste

Bibliografía:

1*: La haine – proyecto de desobediencia informativa.

2*: Weber, Max. The Theory of Social and Economic Organization (1964). p. 154

3*: Hobbes T., “Leviatán”.

4*: Engels: “La condición de la clase obrera en Inglaterra”, 1844.


Dos niños muertos en un país muy raro

A primeras horas de la mañana me asaltaban algunas dudas de antropólogo aficionado. ¿Cómo puede la policía científica confundir huesos de niño con huesos de ratón? ¿A quién se le encargó la tarea de verificar si eran huesos humanos o no? ¿A Mortadelo o a Filemón? ¿Cómo puede comparecer públicamente un ministro para dar explicaciones sobre un caso que permanece bajo secreto de sumario? La última cuestión no sorprende teniendo en cuenta el gobierno de chiste que tenemos, las otras, ya me preocupan más.

Un rato más tarde de conocer la noticia, los acontecimientos, que eran previsibles, tomaban un cariz que aun me abrumaba todavía más cuando la opinión pública pedía la cabeza del padre de los chiquillos: en la calle, en la tele y en internet. Daños colaterales de dar a conocer los detalles de un asesinato múltiple, pero que ni preocupan ni parecen preocupar.

Se ha hablado mucho de la pena de muerte con la ignorancia habitual y del encarcelamiento de por vida. Como si esto fuese la solución a un problema con una base muy profunda que arrastramos desde hace siglos. ¿Solucionar una muerte con otra muerte? ¿No es necesario investigar las causas que precipitan este tipo de tragedias? El encarcelamiento y reclusión de las psicopatías no soluciona el problema, sólo lo esconden y, negando el problema, no se consigue nada positivo. Esto lo sabemos desde el siglo XIX, pero no interesa aplicar un modelo diferente, probado y que funciona. Una sociedad individualista que crea tanta psicopatía y depresión (sobretodo esta última), con los índices de morbilidad en tendencia alcista y sin previsiones de remisión, es una sociedad, además de enferma, podrida, propia de siglos muy anteriores. Reflejo de una población que presa de la ignorancia acaba pidiendo a gritos una ejecución pública. La Ilustración permitió avanzar hacia una sociedad más propiamente humana, pero en días como hoy vemos demasiados retazos del oscurantismo de la edad media. Una sociedad basada en la violencia (física o estructural) y en la venganza es abominable.

Existen innumerables estudios rigurosamente documentados que demuestran empíricamente que la pena de muerte NO tiene ningún efecto disuasorio. No salva vidas, sólo mata.

La solución pasa por fomentar un clima social colectivista y cooperativo, evitando la individualización social, con base en un acceso a los recursos igualitario propio de una economía justa basada en recursos y no en oportunidades. Donde quien tenga la capacidad para manejar la opinión pública evitaría instar a que ‘democráticamente’ se cometan los más atroces crímenes en pro de la justicia social, bajo una despreciable moralidad desigual, prejuiciosa, cuadriculada y fascista. Que es precisamente lo que ha ocurrido hoy en este país, España, en el año 2012.

D. Juste


¿Es legítimo el asalto de los supermecados para donar la comida?

Sobre la acción de Sánchez Gordillo:

 

El martes un grupo de trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entró de forma organizada en dos grandes superficies y se llevó sin pagar un importante número de productos de primera necesidad, con objeto de repartirlos entre los más necesitados. Como consecuencia, el ministerio del Interior ha ordenado ya la detención de los responsables. Varios días después podemos confirmar, a mi juicio, que la acción del SAT ha sido un completo éxito.

Comencemos por el contexto social. Según UNICEF en España un 17,1% de los niños están bajo el umbral de la pobreza, mientras que Acción contra el Hambre denuncia que un 25% están desnutridos. Al mismo tiempo dos millones de españoles se beneficiarán de las ayudas que la Comisión Europea ha enviado este año -con un total de67 millones de kilos de comida- para combatir el hambre en nuestro país. A nadie se le escapa que las organizaciones solidarias han visto dispararse sus necesidades para poder atender con eficacia a una población crecientemente empobrecida.

A pesar de lo apuntado arriba es obvio también que en nuestro país no falta comida, ni tierras fértiles ni medios técnicos con los que paliar el hambre. Lo que sí falta es voluntad política que se atreva a enfrentar las desigualdades de riqueza y renta. Y lo que sobre todo falta es que se cumpla la Constitución española y su artículo 128.1, el cual declara que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Y la acción del SAT ha logrado precisamente poner esto de relieve, marcarlo en la agenda, y lo ha hecho siguiendo la máxima libertaria de Emna Goldman, que instigaba a los trabajadores con la siguiente proclama: “Pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan”.

Pero la acción del SAT ha ido más allá de lo concreto, es decir, del reparto de comida, y ha penetrado con fuerza en el mundo ideológico. Decía Guy Debord que vivimos en la sociedad del espectáculo y nos recordaba, citando a Feuerbach, que en nuestro tiempo “se prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser”. No hay duda sobre ello: en la sociedad del espectáculo la imagen importa más que la sustancia y los símbolos se convierten en el arma más valiosa para las causas políticas y las causas empresariales. Y la acción del SAT no es una medida contra la crisis -porque su generalización no resuelve los problemas de raíz- sino una acción simbólica con un claro contenido político. Es sustancialmente distinto.

Efectivamente nadie, y los compañeros del SAT menos, tenían como intención que aquella acción del martes se convirtiera en un elemento clave del programa electoral. Lo del SAT ha sido una brillante táctica comunicativa para poner sobre la agenda política un grave problema social. Hablamos de un pensado golpe contra la ideología dominante, es decir, contra la concepción del mundo que tiene la gente acerca de cómo debe organizarse una sociedad. Esta acción ha servido para remover los cimientos ideológicos de la mayoría de la gente. Por supuesto que no ha convencido a muchos, quizá la mayoría, pero ha golpeado por primera vez y con contundencia su sistema de ideas y el cual estaba hasta ahora muy asentado y consolidado. Ha mermado sus defensas.

No olvidemos que vivimos una crisis ideológica que se manifiesta en el cambio de cómo la gente concibe e interpreta su realidad más cercana. La concepción del mundo que había sido dominante hasta ahora se resquebraja y todo está en duda. Se cuestiona que los políticos y economistas sepan qué hacer, que las instituciones políticas sean útiles para resolver los problemas, que las entidades financieras sean fundamentales, que haya democracia, que las empresas privadas sean superiores a las públicas, que la policía defienda al pueblo, y también -y es lo que aquí nos ocupa- que la propiedad privada sea sagrada y esté por encima de otros derechos como el de la vivienda o la alimentación.

Algunos denunciarán que la acción del SAT es ilegal. Efectivamente, lo es. Pero la cuestión no reside en saber en qué lado de la frontera jurídica cae, sino en si es una acción legítima y digna o si por el contrario no lo es. Y cuando sabemos que las necesidades humanas básicas pueden satisfacerse técnicamente pero el único obstáculo para conseguirlo es el propio marco institucional, diseñado en beneficio y garantía de la gran empresa y las grandes fortunas, es cuando acciones como las del SAT recobran toda su naturaleza revolucionaria y de justicia social. En ese punto la ilegalidad es legítima y contribuye a preparar el terreno para un cambio institucional que primero y ante todo ha de construirse en el plano ideológico.

Alberto Garzón Espinosa, economista y diputado por IU.

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